Estados Miembros deberían reconocer, en principio, que la traducción es una disciplina autónoma, que exige una formación distinta de la enseñanza exclusivamente lingüística y que requiere una formación especializada.

Los Estados Miembros deberían promover, en conexión especialmente con las organizaciones o asociaciones profesionales de traductores, el establecimiento de programas de redacción para traductores, particularmente en las universidades y en otros establecimientos de enseñanza, y la institución de seminarios o cursillos de trabajos prácticos.

También se debería reconocer lo útil que sería para los traductores poder asistir a cursillos de formación permanente.